El pastor evangélico Caleb Dávila, víctima de un arresto en septiembre del 2020, por una demanda del diputado Aldo Dávila por acoso de colegio hace más de 30 años, presentada al MP en el 2014, permanece aún arraigado en los tribunales de justicia y con libertad condicional donde tiene que presentarse a firmar documentos a la corte cada 15 días.

“La verdad es que este señor diputado Aldo Dávila, no se ha presentado a ninguna citación del Ministerio Público y luego de mi detención, por demás ilegal y contra los derechos humanos, no ha compadecido ante juez competente para señalarme y acusarme del delito de acoso en el colegio en 1982-1990, donde mi papá como dueño del colegio “Adonai”, lo ayudó a él y su mamá con una beca para sus estudios por la muerte de su papá” señala el pastor Caleb Dávila de la iglesia “Defensores de la Fe” en la populosa zona 5 de la ciudad.

“Desde el mes de enero de este año, estamos trabajando con los abogados para que puedan quitarme el arraigo, aunque no tengo ninguna intención de viajar fuera del país, y del tener que presentarme a la corte a firmar cada 15 días por un delito que a todas luces feneció, pues tiene más de 30 años del hecho del cual me señala de acoso este señor Aldo Dávila” manifiesta Caleb.

“Para el 26 de abril tenemos que presentarnos de nuevo a los tribunales, por lo que le pido a mis hermanos en la fe, estén orando por mi persona y mi familia, toda vez que han llegado rumores de que a la cita en tribunales no se presentará el demandante y con ello pueda quedar pospuesta para otra fecha la indagatoria y prolongar esta situación, donde este señor Aldo Dávila, no ha tenido argumentos para enfrentarme y encararme en los tribunales de justicia. Tanto él como yo tenemos derechos humanos y está situación es bochornosa, toda vez que él me señala de acoso en los años 80s y 90s lo cual es un absurdo” dijo finalmente el pastor Dávila.

En una carta a la opinión pública el diputado Aldo Dávila reconoce que la agresión donde señala al pastor Caleb Dávila, fue cometido de 1981 a 1992, lo que claramente no tiene efecto retroactivo y por ende la denuncia y posterior arresto no tiene validez alguna ante los tribunales de justicia.

La iglesia evangélica se mantiene atenta al desarrollo de esta situación que despertó el rechazo de cientos de miles de organizaciones,  líderes y pastores en todo el país.